¡Otra vez a dedo! Gobernación de San Andrés firma $580 millones con fondo cuyo jefe está investigado

Gráfico: convenio de $580 millones por contratación directa entre la Gobernación de San Andrés y FONPACÍFICO. Datos de SECOP II.
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La Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina volvió a contratar a dedo. El 13 de noviembre firmó, por contratación directa, un convenio interadministrativo por $580.800.000 con el Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social, FONPACÍFICO, para formular la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Paz y Transformación de Conflictos, según el SECOP II.

El proceso CV-SSC-0005-2026 lo adelantó la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El contrato electrónico CO1.PCCNTR.10187383 figura como aprobado, con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2026: apenas siete semanas para entregar una política pública que debería orientar la seguridad de la isla por años.

Anticipo de $232 millones

La Gobernación pone $528 millones (90,9 %) y FONPACÍFICO $52,8 millones (9,1 %). El documento contempla un anticipo del 40 %, es decir $232.320.000, y pagos de 40 %, 40 % y 20 %. Como lugar de ejecución quedó registrado el Edificio Coral Palace, pisos 1 y 2, en la avenida Newball.

Jake Steven Realpe Escobar, representante legal de FONPACÍFICO, aprobó el documento por el proveedor el 13 de noviembre a las 5:19 p. m.; Charles Ronald Cotes Torres lo aprobó por la entidad a las 5:34 p. m. El secretario de Seguridad, Carlos Alberto Bryan Uribe, figura como supervisor.

El representante, investigado

En los registros de notificaciones de la Procuraduría General de la Nación figura una investigación disciplinaria contra Jake Steven Realpe Escobar, en su condición de director ejecutivo de FONPACÍFICO. La Procuraduría Regional de Instrucción del Caquetá notificó por edicto, en septiembre de 2024, el auto de apertura del 8 de mayo de 2024 dentro del expediente IUS E-2024-179287, y en diciembre de 2024 publicó otro edicto sobre un auto del 21 de octubre de 2024 que adicionó esa apertura. Esos registros confirman que la actuación existe, pero no permiten establecer sus conclusiones ni una eventual responsabilidad del investigado, que tiene derecho a la presunción de inocencia.

No es la primera vez que el fondo está bajo la lupa. En 2025 la representante a la Cámara Carolina Giraldo denunció supuestas irregularidades en la contratación de FONPACÍFICO y lo describió como un “contratadero todoterreno” con más de 400 contratos en 15 departamentos, según reportaron Semana e Infobae. El medio risaraldense El Expreso ha publicado denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos del fondo en Dosquebradas y Pueblo Rico (Risaralda) y en Neiva, y ha pedido explicaciones a su representante legal. Ninguna de esas denuncias equivale a una condena.

“Aquí ha faltado honestidad”

El convenio llega un mes después de la visita del presidente Abelardo de la Espriella a la isla. El 18 de octubre, frente a la gobernadora Girley Ordóñez Bowie, el mandatario afirmó: “Aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad”, y advirtió que usaría toda su autoridad “para que no se pierda un peso”, según El Tiempo y Semana. Días después, la Procuraduría abrió dos indagaciones previas sobre contratación en el archipiélago, según El Espectador y El Tiempo.

Quedan preguntas abiertas: qué productos concretos deberá entregar FONPACÍFICO, con qué metodología se construirá la política pública, por qué se escogió la contratación directa y cómo se vigilará el anticipo. Este medio buscará la versión de la Gobernación, de la Secretaría de Seguridad y de FONPACÍFICO y la publicará cuando la reciba.

Fuentes: SECOP II, proceso CV-SSC-0005-2026; registros de notificaciones de la Procuraduría General de la Nación; El Tiempo, Semana, El Espectador, Infobae y El Expreso.

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