Medida de aseguramiento por solicitud de la Fiscalía
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés a Andy Manuel García Rodríguez, conocido como “Chambita”, investigado por su presunta participación en actividades de narcomenudeo en la isla. La decisión se adoptó a petición de una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional San Andrés, luego de las diligencias de legalización de captura e imputación de cargos.
De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía adelanta el proceso por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y conductas conexas que habrían sido detectadas en operativos recientes. La autoridad judicial consideró que la medida intramural es necesaria para garantizar la comparecencia del procesado y evitar posibles obstrucciones a la justicia mientras avanzan los actos investigativos.
Contexto: presión institucional contra el microtráfico
El caso se suma a otras acciones recientes contra el microtráfico en el Archipiélago, entre ellas capturas en flagrancia y aseguramientos por posesión de estupefacientes detectados en puntos de control y terminales de transporte. En un hecho distinto, la justicia envió a prisión a un pasajero interceptado en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla cuando, al parecer, transportaba varios cientos de gramos de marihuana en su equipaje. Estos procesos, aunque independientes, revelan una estrategia de persecución penal enfocada en cortar las cadenas locales de distribución de drogas.
Las autoridades han señalado que el fortalecimiento de la inteligencia y los controles operativos busca disminuir la oferta de sustancias ilícitas en barrios y zonas turísticas, donde el narcomenudeo impacta la seguridad ciudadana, la economía formal y la convivencia. La coordinación entre Policía, Fiscalía y jueces de garantías ha sido clave para materializar capturas, legalizarlas de manera oportuna y solicitar medidas efectivas mientras se evalúa el acervo probatorio.
Lo que sigue en el proceso penal
Tras la imposición de la medida, la investigación continuará con prácticas de pruebas, análisis de elementos materiales y testimonios que permitan determinar la responsabilidad penal del procesado. La defensa podrá controvertir los hallazgos y solicitar eventuales sustituciones de la medida si se cumplen requisitos legales. Por ahora, el mensaje institucional es reiterado: la legalidad y la seguridad del Archipiélago son prioridad, y las autoridades mantendrán la presión sobre las redes de expendio que operan en pequeña escala.
