Contrato de $2.500 millones para seguridad vial infantil levanta sospechas
En el año 2024, la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello en Santa Marta firmó un polémico contrato con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA) por un monto total de $2.500 millones. El propósito oficial era implementar un proyecto educativo para el fortalecimiento de la seguridad vial en instituciones escolares. Sin embargo, desde su firma, el contrato despertó sospechas no solo por su cuantía, sino por lo incongruente de sus objetivos frente a los beneficiarios.
El contrato buscaba educar en normas de tránsito a una población conformada principalmente por menores de edad, quienes, por ley, no pueden conducir vehículos ni participan activamente del tráfico vial. Esta incoherencia ha sido uno de los primeros indicios de posible corrupción estructurada mediante contratación pública.
Fundación sin requisitos legales recibió la ejecución del contrato
El proyecto fue subcontratado a la Fundación Editorial Unidos por Colombia, una entidad que no renovó su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) para el periodo vigente. De acuerdo con la legislación colombiana, este registro es obligatorio para participar en contratos estatales que superan ciertos montos. La ausencia de este requisito podría inhabilitar legalmente a la fundación para recibir recursos públicos, lo que plantea serias dudas sobre el control de legalidad aplicado por la Alcaldía y por AREMCA.
Pese a la inhabilidad formal, la fundación ejecutó actividades relacionadas con el contrato. Esto refuerza las sospechas de un proceso de contratación diseñado para eludir controles administrativos, violando principios constitucionales de transparencia y legalidad en la gestión pública.
AREMCA no estaba habilitada para contratar recursos del Sistema General de Regalías
El escándalo se agrava cuando se considera el estatus de AREMCA. En 2023, el Consejo de Estado dictaminó que esta asociación no podía administrar recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por no estar inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT), una base de datos obligatoria del Ministerio del Interior.
Este registro garantiza que solo entidades legalmente estructuradas y auditadas puedan manejar recursos de origen público. A pesar del fallo judicial y del conocimiento público del mismo, la Alcaldía de Santa Marta procedió con la contratación, desestimando el riesgo jurídico y exponiendo a la ciudad a posibles demandas y sanciones fiscales.
Patronazgo institucional: AREMCA y el uso sistemático de entidades interpuestas
El caso de AREMCA no es aislado. Esta asociación ha sido mencionada repetidamente por organismos como la Contraloría General de la República y el Departamento Nacional de Planeación, debido a su participación en múltiples contratos similares con otros entes territoriales. El modus operandi es recurrente:
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Se crean o utilizan asociaciones regionales no sujetas a control estricto.
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Estas entidades fungen como intermediarias para adjudicar recursos públicos a fundaciones o personas jurídicas sin los requisitos legales completos.
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Se ejecutan programas de bajo impacto real, con beneficiarios que no coinciden con el objetivo contractual.
Este patrón muestra la existencia de una arquitectura paralela de contratación pública, diseñada para eludir los filtros que garantizan la transparencia y el uso adecuado del dinero público.
Riesgos institucionales ignorados por la administración de Carlos Pinedo
Uno de los elementos más preocupantes del contrato firmado con AREMCA es la evidente omisión de análisis de riesgo jurídico por parte de la Alcaldía de Santa Marta. La jurisprudencia del Consejo de Estado y los informes de la Contraloría eran de conocimiento público. La firma del contrato, por tanto, no puede ser interpretada como un error técnico, sino como una decisión deliberada de ignorar los controles institucionales.
Este accionar ha provocado reacciones tanto de líderes ciudadanos como de expertos en contratación pública, quienes coinciden en que el caso configura indicios graves de responsabilidad disciplinaria y penal, especialmente si se confirma que hubo perjuicio patrimonial para el municipio.
El rol de los organismos de control ante contratos irregulares
Frente a casos como este, el papel de los órganos de control es clave. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía están llamadas a intervenir para:
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Auditar el proceso completo del contrato, desde la planeación hasta la ejecución.
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Establecer si hubo omisiones o complicidad de funcionarios públicos.
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Determinar si AREMCA y la Fundación Editorial Unidos por Colombia actuaron de buena fe o como parte de una estructura de desvío de fondos.
Si se comprueba la existencia de daño al erario, el contrato puede ser objeto de nulidad absoluta y devolución de recursos, además de sanciones a los involucrados.
La necesidad de reformas estructurales en los contratos con entidades asociativas
La existencia de entidades como AREMCA ha generado un debate nacional sobre la pertinencia de los esquemas intermunicipales sin control riguroso. Estas asociaciones han servido, en muchos casos, para:
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Fragmentar responsabilidades en la contratación pública.
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Desviar fondos a fundaciones privadas sin experiencia.
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Eludir el control directo de concejos municipales y veedurías ciudadanas.
Una reforma legislativa podría incluir la prohibición temporal de contratación para asociaciones sin inscripción REAT, y la creación de una plataforma única de trazabilidad de subcontratos, donde cualquier ciudadano pueda verificar en tiempo real el destino final del dinero público.
¿Qué puede hacer la ciudadanía ante este tipo de escándalos?
La presión ciudadana ha sido clave para visibilizar irregularidades como las del contrato entre AREMCA y la Alcaldía de Santa Marta. En tiempos de redes sociales y acceso a la información, la participación pública puede convertirse en una herramienta efectiva de control social. Algunas acciones concretas incluyen:
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Solicitar acceso a los contratos a través de derechos de petición.
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Denunciar ante medios de comunicación alternativos y portales de periodismo investigativo.
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Organizar veedurías ciudadanas que sigan la ejecución de recursos.
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Exigir a los entes de control respuestas claras y cronogramas de acción.
Solo con una ciudadanía activa se puede impedir que estructuras corruptas institucionalicen la impunidad, y que casos como el de Santa Marta se repitan en otras regiones del país.
Fortalecer los mecanismos de control y transparencia en contratación pública
Implementar medidas efectivas para vigilar la contratación estatal no solo previene casos de corrupción. También:
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Recupera la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
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Optimiza el uso de los recursos públicos.
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Genera impacto real en comunidades vulnerables.
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Facilita el desarrollo económico y social de manera equitativa.
Casos como el de AREMCA deben servir como alerta temprana para reformar los procesos administrativos, evitar prácticas oscuras y cerrar el paso a entidades que funcionan como fachadas legales para negocios privados sin escrutinio.
