La cosa está tan tensa en el sector energético, que ni los más optimistas se atreven a decir “todo está bajo control”. La Contraloría y la Procuraduría General de la Nación están encendiendo las alarmas con una deuda que ya suma más de $7,6 billones por subsidios en energía y gas. ¡Eso es más que el presupuesto de muchos municipios juntos!
Para no seguir viendo cómo se derriten los fusibles, las entidades de control crearon una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético, con la que buscarán apretar las tuercas a todos los que tienen algo que ver en este enredo: desde los ministerios de Minas y Hacienda, hasta la Superintendencia de Servicios Públicos y la empresa intervenida AIR-E.
AIR-E: la empresa en la mira
El caso más sonado es el de AIR-E, esa misma que anda intervenida y esperando plata para no colapsar. La Superservicios recibió un fuerte “requerimiento” para que cuente:
- ¿En qué se han gastado los $148.000 millones que les prestaron?
- ¿Qué están haciendo para garantizar que la empresa siga funcionando?
- ¿Por qué no hay coadministración?
- ¿Y cómo van a asegurar los $2,8 billones que necesitan este año?
Hasta el Fondo Empresarial está bajo la lupa, porque nadie sabe a ciencia cierta con qué billete cuentan o en qué bolsillo lo tienen guardado.
Que no se apague la luz… ni el gas
El Contralor Carlos Hernán Rodríguez fue claro: si no se hacen ajustes urgentes, la cosa se puede poner oscura, literalmente. Ya lo dijo en su estudio sobre subsidios: el sistema actual no es eficiente, no es sostenible y no llega a quienes más lo necesitan.
Desde la estratificación inexacta, hasta el uso poco claro del Fondo de Solidaridad, todo necesita revisión. Y mientras tanto, millones de colombianos siguen esperando que sus recibos no lleguen tan altos como el sol del mediodía.
Por ahora, los entes de control piden acciones concretas, rápidas y transparentes, porque si no se enciende la gestión, se va a apagar el país.
