El diálogo entre el gobierno nacional, el agricultor del arroz y la industria está progresando, mientras que las protestas y los bloques de carreteras continúan en varias partes del país. Los campesinos dicen que no aumentarán el desempleo siempre que las obligaciones concretas garantizaran la rentabilidad del daño al funcionario.
Representantes de Riceros como Carlos Alberto Rojas, gerente de Ushocella, explicaron que los fabricantes no recibieron garantías como el precio de compra de Paddy Verde.
“Todavía no hay garantía del precio requerido por la agriculturaR Para poder ejecutar los costos de producción, recuperar el costo de producción que son hasta ahora. Si el agricultor no tiene una garantía, créanme que será expulsado de las carreteras, no habrá desmovilización o desbloqueo de las carreteras, desafortunadamente, existe una garantía de tal garantía “, advirtió.
LEA: Una poderosa respuesta del gobierno de Petra al Congreso de los Estados Unidos sobre el “uso de drogas”
Un punto importante es La falta de resolución oficial del Ministerio, que establece el precio mínimo de compra. Para los campesinos, esta medida es crucial para proteger la sostenibilidad de los cultivos y evitar las pérdidas económicas.
Por su parte, Martín Vargas, presidenta de la dignidad de arroz del departamento de Huilo, dijo que estaba no finalizará el desempleo hasta que se firme un documento que comprometa a los industriales y un gobierno de administración de precios.
“Los agricultores en el departamento de Huil requieren un precio, y el desempleo no aumenta hasta que haya un precio. La comisión técnica determinada por la ministra Marta Carvajalino se hará cargo de la resolución en la que la industria debe usar la situación, porque la industria debe ser consciente de que no podemos continuar trabajando por una pérdida”, enfatizó.
Puede leer: El fiscal repite el reclamo de condena contra Anísbal Gaviria, ex gobernador Antioquia
También recordó que la ministra de agricultura Marta Carvajalino, Prometió publicar una resolución en la que la industria se vio obligada a pagar un precio justo desde el momento en que comenzaron las negociaciones.
Los fabricantes advierten que si no recibe una respuesta favorable, la producción nacional de arroz podría ser amenazada, abriendo la puerta a las importaciones extranjeras que afectarían la seguridad alimentaria como la economía del arroz.
