El cálido y tranquilo paisaje de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, conocido por su belleza natural y su atractivo turístico, se ha visto envuelto en una serie de hechos que cuestionan la administración de recursos públicos. Al centro de esta controversia, se encuentra Everth Julio Hawkins Sjogreen, el exgobernador del archipiélago, quien ahora enfrenta serias acusaciones por presuntas irregularidades cometidas en el manejo de un contrato para el mejoramiento de las vías rurales, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
La firma que cambió el rumbo
Todo comenzó con la firma de una constancia que, según la Procuraduría General de la Nación, podría haber sido el desencadenante de un error administrativo grave. Hawkins Sjogreen, en su rol como gobernador, aseguró que las obras de infraestructura se ajustaban al Plan de Ordenamiento Territorial de la isla. Sin embargo, no todo era tan claro. Una de las vías más emblemáticas del proyecto, la Duppy Gully, estaba en una zona de conservación y amortiguamiento ambiental que, según las normativas, debería haber sido protegida. A pesar de esto, la certificación firmada por el gobernador sirvió como base para viabilizar el proyecto ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD Paz), lo que permitió que los recursos se desembolsaran sin reparos.
El impacto de esta decisión, según los investigadores, fue directo. Los recursos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la isla fueron mal utilizados, afectando a una comunidad que, según la intención del proyecto, debía beneficiarse con mejoras en la conectividad vial. La ironía es que el error administrativo pasó desapercibido hasta que la Procuraduría intervino, desenredando lo que podría ser una cadena de decisiones equivocadas.
Un contrato sin licitación
La historia no termina ahí. El segundo capítulo de esta saga involucra a Emilia Álvarez Guerrero, directora ejecutiva de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), quien, según los cargos formulados, fue responsable de seleccionar a los contratistas sin realizar la necesaria licitación pública. Un procedimiento obligatorio que nunca se cumplió, a pesar de que el proyecto estaba financiado por recursos del SGR, destinados para proyectos que beneficien a las comunidades más vulnerables.
El caso es más grave de lo que parece, ya que la falta de transparencia en el proceso de contratación no solo afecta a la isla, sino que refleja un problema estructural en la gestión de los recursos públicos en regiones claves del país. En este contexto, la Procuraduría calificó las acciones de Hawkins Sjogreen como una falta grave, mientras que la de Álvarez Guerrero fue considerada una falta gravísima, un signo claro de que las irregularidades cometidas en la contratación fueron de mayor escala y con una intención consciente de evadir la ley.
Un futuro incierto
Este no es el primer conflicto administrativo en el que se ve involucrado Everth Julio Hawkins Sjogreen. A principios de 2025, la Procuraduría también abrió una investigación sobre un proyecto destinado al fortalecimiento del turismo en la isla. Financiado nuevamente con recursos del SGR, este proyecto tenía como objetivo reactivar la economía local tras los efectos devastadores de la pandemia de Covid-19 y el paso del huracán Iota. Sin embargo, la falta de estudios adecuados y el manejo inapropiado de los recursos dejó muchas dudas sobre la viabilidad del proyecto y el real impacto en las comunidades.
En el corazón de este escenario se encuentran los habitantes de San Andrés, quienes siguen esperando respuestas claras. Mientras tanto, las investigaciones avanzan, pero los efectos de la mala gestión de los recursos públicos seguirán marcando la agenda política del archipiélago. La pregunta que permanece en el aire es si este episodio será solo uno de tantos casos de mala administración pública o si finalmente servirá como un punto de inflexión para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en los proyectos financiados con recursos públicos.
El futuro de la isla y la confianza de sus ciudadanos en las instituciones del país dependen de la respuesta a esa pregunta.
