El verdadero dueño de Ecopetrol: Carlos Julián Caicedo Cano, de la corrupción al paramilitarismo

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Una trama que conecta vigilancia, favores y violencia

Mientras millones de colombianos pagan la gasolina más cara de la historia, al interior de Ecopetrol –la joya de la corona estatal– se habría urdido un escándalo que mezcla corrupción, manipulación contractual y nexos con estructuras criminales. Los hechos apuntan al direccionamiento de un contrato multimillonario para la vigilancia de instalaciones estratégicas de la petrolera, con supuestos acuerdos previos entre funcionarios, empresarios y figuras cercanas al poder.

La versión de los hechos indica que en un apartamento del norte de Bogotá se habrían reunido varios actores clave para estructurar un negocio hecho a la medida. En esa reunión estuvieron, según lo relatado, el exgobernador Richard Aguilar (ya condenado por corrupción), Víctor Hugo Sierra (ligado a redes criminales), y Aldemar Alfonso Mejía Prado, actual director de abastecimiento corporativo de Ecopetrol. También aparece Juan Guillermo Mancera, coronel retirado, investigado por narcotráfico y socio de Serafino Iacono.

El rol de Julián Caicedo y los vínculos con la cúpula

La pieza central de esta red sería Carlos Julián Caicedo Cano, pareja sentimental del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Aunque Roa ostenta el cargo oficialmente, las fuentes señalan que Caicedo sería quien realmente ejerce el control interno de la empresa. Se le atribuye la influencia directa en el direccionamiento del contrato, junto con la decisión de seleccionar doce empresas específicas para participar en el proceso.

De acuerdo con lo relatado, estas empresas fueron elegidas con criterios manipulados: se filtraron puntajes, fórmulas de evaluación y hasta el presupuesto total del contrato. La supuesta “media geométrica” utilizada en el puntaje habría sido pactada previamente para asegurar la adjudicación. Se estima que por esta operación se entregaron hasta dos millones de dólares a miembros internos para garantizar la adjudicación.

Riesgos que van más allá de la corrupción

Lo más alarmante no es solo el favorecimiento ilegal en la contratación. Algunas de las empresas mencionadas estarían relacionadas con redes de paramilitares y tráfico de armas, según reportes de inteligencia. La hipótesis más grave plantea que parte del armamento adquirido con estos contratos podría estar siendo destinado a fines políticos, incluyendo la posibilidad de atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro.

En este contexto, las denuncias advierten que el poder dentro de Ecopetrol estaría siendo utilizado no solo para obtener beneficios económicos, sino también para sostener estructuras de poder oculto, con implicaciones que van desde la manipulación política hasta la planificación de un magnicidio.

Preguntas urgentes, respuestas ausentes

Mientras la Fiscalía guarda silencio, la ciudadanía se pregunta quién está verdaderamente al mando de la empresa estatal más importante del país. ¿Quién protege la institucionalidad cuando quienes deberían cuidarla están implicados en su deterioro? ¿Hasta dónde llega la red de complicidades?

El caso refleja un panorama complejo donde se cruzan intereses privados, manipulación de recursos públicos y amenazas contra la democracia. Lo que parece en juego ya no es solo un contrato: es la estabilidad del país y la transparencia del poder en Colombia.

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