A partir de este jueves, el Gobierno de Estados Unidos aplicará una tasa de 1.000 dólares a los nuevos beneficiarios del ‘parole’, un tipo de residencia temporal concedida específicamente a migrantes por razones humanitarias urgentes, que ha sido criticada por la administración Trump.
La tarifa se aplica “a cualquier extranjero a quien se le conceda un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos y que no cumpla con las excepciones”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.
La agencia federal agregó que la nueva tarifa se aplicará a los extranjeros que reciban permiso temporal para permanecer en Estados Unidos a través de este programa, incluidos aquellos que tengan una solicitud pendiente que aún no ha sido aprobada.
Sin embargo, incluye algunas excepciones, para emergencias médicas, asistencia a funerales o si el DHS entiende que otorgar el permiso resultará en un “beneficio público sustancial” para el extranjero “que ha ayudado o ayudará al gobierno de los Estados Unidos en asuntos de aplicación de la ley”, entre otras cosas.
En caso de que un usuario del programa no realice el pago requerido, al presentarse para inspección en un puerto de entrada o ya esté físicamente presente en Estados Unidos, su permiso será revocado, según el comunicado.
¿Cómo surgió la restricción de la libertad condicional en Estados Unidos?
El nuevo tipo fue uno de los cambios introducidos el pasado mes de julio por el ‘One Big Beautiful Bill’, una iniciativa central en la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha aumentado su margen de maniobra durante la actual sesión legislativa.
Los congresistas republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes propusieron en abril pasado introducir una tarifa de solicitud de asilo de 1.000 dólares, entre otros aumentos en los procedimientos de inmigración. En algunos casos, a alguien que busca asilo se le puede conceder la libertad condicional temporal.
La administración Trump ha tomado medidas para desmantelar o limitar drásticamente el uso del programa desde que el magnate regresó a la Casa Blanca en enero pasado.
En particular, el gobierno buscó poner fin a los programas de ‘libertad condicional’ creados para ciudadanos de Haití, Nicaragua y Venezuela, que aumentaban el riesgo de deportación de sus beneficiarios.
