Washington, 13 de mayo (efecto) .- Juez federal en Pensilvania brindó el martes su apoyo al gobierno del presidente Donald Trump en el uso de las leyes utilizadas solo en el momento de los migrantes de guerra, en su mayoría venezolanes, Estados Unidos.
Esta es la primera decisión judicial que está del lado de la administración republicana en el uso de enemigos extranjeros, publicó en 1798, y usó el G
La jueza Stephanie Haines, del distrito occidental de Pensilvania, concluyó que el ejecutivo podría continuar con la expulsión de los migrantes mientras les advirtiera lo suficiente (21 días) y un “procedimiento”.
Haines a su vez también señaló que la justificación para el gobierno para el uso de enemigos extranjeros es válida, porque el Departamento de Estado reconoce el tren Aragua como una organización criminal que amenaza la “seguridad pública” de los países norteamericanos.
Varios jueces en diferentes partes del país, incluidos Texas y Nueva York, fracasaron en contra del uso de enemigos extranjeros por parte del gobierno.
Por ahora, las autoridades no han programado más vuelos a El Salvador, y la Unión de Libertad Cívica de los Estados Unidos (ACLU) ya ha pedido al Supremo que intervenga y decida si lo que el gobierno de Trump está haciendo es inconstitucional o no.
En el medio, ahora han cambiado a más de 230 migrantes, en su mayoría venezolanianos, a la megapriza salvadora conocida como Cecot, notoria por las quejas del abuso de los derechos humanos.
El gobierno de Trump acusó a los migrantes de ser parte del tren Aragu, una pandilla criminal que se derivó de la prisión de Venezuela y describió a Washington como un “terrorista”.
Sin embargo, varios informes mostraron que la mayoría de ellos, 90 % según el medio Bloomberg de Nueva York, no tienen cargos penales.
Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con el presidente El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a los migrantes arrestados a Cecot.
Como parte del tratamiento, del cual se desconocen ciertos detalles, Washington le pagará a El Salvador seis millones de dólares al año para mantener un sistema penitenciario.
La Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió al gobierno que continuara la expulsión al país centroamericano, mientras que varias demandas se resuelven contra esta práctica en Cortes más bajo. Efusión
