El Contralor Jefe de la República ha anunciado que fortalecerá la supervisión fiscal durante el período electoral de 2026, con el fin de evitar el abuso de recursos públicos con fines políticos.
La organización lo ha identificado los picos más altos de contratación pública se concentraron en septiembre y octubre de 2025, con montos que alcanzan los 4 y 3,5 mil millones de dólares en acuerdos y contratos interadministrativos, inmediatamente antes del inicio de las limitaciones de la Ley de Garantías Electorales.
Más noticias: Las distribuidoras de combustible alertan de la pérdida de soberanía energética y la caída de la competitividad del sector
“Activamos alertas tempranas para evitar que los acuerdos interinstitucionales sean utilizados como herramienta para desviar recursos públicos durante la campaña”, dijo la entidad.
Panorama
Según el seguimiento mensual de la Superintendencia, el mayor aumento de convenios interadministrativos se registró en los dos meses previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
En contraste, El empleo directo no ha mostrado variaciones inusuales en lo que va del año, con cifras superiores en enero y febrero de 2025 de USD 12,5 mil millones y USD 15,2 mil millones, respectivamente.
Con esta estrategia, la Superintendencia busca fortalecer la transparencia y prevenir el uso electoral de recursos públicos durante las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Seguimiento
A partir del 8 de noviembreEn 2008, la Contraloría inició el seguimiento de los acuerdos interadministrativoss, una de las principales modalidades que están limitadas por ley durante el período electoral.
A partir del 31 de enero de 2026, el control se ampliará al empleo directo, con el objetivo de evitar desvíos en el gasto durante las campañas presidenciales y legislativas.
La organización lo explicó.La supervisión se realiza a través del Modelo de Seguimiento Analítico Preventivouna herramienta que conecta datos del SECOP I y II, el Registro Único de Contribuyentes (RUA) y los sistemas presupuestales del DNP y el Ministerio de Hacienda.
“El objetivo de este modelo no es sancionar, sino prevenir. La supervisión oportuna es la mejor herramienta para proteger la legalidad, la justicia democrática y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, señaló la Superintendencia.
La entidad también informó que trabajará en coordinación con la Fiscalía Estatal, el Registro Estatal y el Consejo Estatal Electoral, para compartir advertencias sobre posibles desvíos en el gasto público con fines políticos.
Lea también: “Supuesta venta de Pérmico son solo rumores”: Contraloría
También recordó que los ciudadanos podrán denunciar irregularidades a través de los canales de denuncia autorizados, como el Sistema de Información Ciudadana (SIPAR), número gratuito 199, Aplicación móvil y portal web del CGRCOL www.contraloria.gov.co.
“Queremos consolidar el control fiscal preventivo y civil, especialmente en uno de los momentos más sensibles para la gestión pública: el proceso electoral”, afirmó la entidad.
