El Gobierno nacional presentó al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de sanciones aduaneras, de conformidad con la sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que establecióo el plazo máximo hasta el 20 de junio de 2026 para la emisión de nuevas normas. La iniciativa, radicada bajo el expediente 312, redefine las normas en materia de sanciones, decomisos y procedimientos aduaneros.
Durante el Congreso de la República, el director general (e) de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, señaló que el proyecto “representa un instrumento jurídico moderno, técnico y garantista”. Agregó que su propósito es “fortalecer la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales, dotando al país de un marco regulatorio claro y actualizado”.
Betancourt precisó que la propuesta incluye datos recabados en procesos técnicos anteriores y señaló que el Gobierno espera que la norma sea aprobada dentro del plazo fijado por la Corte. “Creemos que el Congreso avanzará en su estudio y aprobación antes del 20 de junio de 2026”, afirmó.
Críticas al sector privado: preocupación por la rendición de cuentas objetiva y sanciones por errores
El sector privado reaccionó señalando que, pese al proceso de socialización inicial, el texto presentado no fue armonizado en la versión final y conserva disposiciones que, a su juicio, desconocen la buena fe y castigan los errores formales.
Juan Diego Cano García, director de asuntos jurídicos de Analdex, advirtió que el proyecto conserva elementos relacionados con la responsabilidad objetiva. “La esencia de la ‘máxima diligencia’ sigue arraigada en el núcleo del proyecto”, afirmó. Según Cano, el artículo 15 propone sanciones sin análisis de culpabilidad, “ignorando el C-616 de 2002”. y el mandato de la Corte en sentencia C-072 de 2025.
El sector también señaló que la norma que permitía la corrección de errores formales ha desaparecido y ha sido sustituida por sanciones automáticas. Cano enfatizó que el proyecto establece una penalidad del 30% del valor en aduana de las mercancías por errores en números de serie o descripciones. “lo cual no quiere decir que sean bienes distintos.” Indicó que esta disposición es “la materialización de la filosofía del castigo sobre el alivio”.
Asimismo, cuestionó la redeterminación del delito por engañar a los servicios aduaneros. “Va directamente contra el principio de buena fe” y expone a los intermediarios por las acciones de sus clientes, señaló.
El sindicato insiste en que en el debate legislativo se debe distinguir entre fraude y error involuntario y pronunciarse sobre la culpabilidad. “Es hora de crear regulaciones que realmente distingan el error involuntario del fraude intencional”, dijo Cano.
El proyecto está entrando en el trámite legislativo con la expectativa del Gobierno de que será adoptado dentro del plazo fijado por el Tribunal Constitucional. El sector privado espera una amplia discusión sobre la armonización de puntos relacionados con responsabilidad, sanción gradual y mecanismos correctivos.
