El El Contralor Jefe Republicano ha encendido la primera alarma en el ciclo electoral de 2026. después revelar comportamientos inusuales en la contratación interadministrativa estado, durante la primera semana de noviembre.
Según la organización, sólo El 7 de noviembre, último día antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías Electorales, se entregaron 6.100 millones de dólares. lo que la entidad calificó como una “concentración atípica en una sola fecha”.
Entre el 1 y el 7 de noviembre El valor total de los acuerdos y contratos alcanzó los 9.000 millones de dólares, superando los niveles mensuales registrados este año.
El La Contraloría indicó que el pico del 7 de noviembre equivalió al 68% del total de contrataciones de la semana. “Solo ese día se suscribieron recursos que representan 2,9 veces más que el promedio mensual registrado entre enero y agosto”, dijo la organización.
Oficina del Contralor Atribuyó este comportamiento a posibles aceleraciones contractuales antes del inicio de las restricciones electorales. Según un análisis del Modelo Analítico de Monitoreo Preventivo presentado por la organización el 10 de noviembre, el incremento registrado ese día representa un aumento del 190% respecto al comportamiento histórico.
El Ministerio de Prosperidad Social fue el organismo con mayor número de empleados, registrando 770.000 millones de dólares, lo que equivale al 8,5% del total de los fondos comprometidos. La Dirección de Información, Análisis y Respuesta a Emergencias (DIARI) ahora está revisando los detalles departamentales para determinar cómo se asignan los recursos.
DIARI, junto con el delegado para la gestión pública, impulsa una seguimiento de los contratos firmados en septiembre, octubre y los primeros días de noviembre, para identificar operaciones sensibles.
“Nos esforzamos en anticiparnos a los riesgos y emitir alertas tempranas que impidan el uso de recursos públicos para fines que no sean de interés general en el período preelectoral”, dijo la Superintendencia.
La dependencia también indicó que revisará las modalidades de contratación, los temas de los contratos y las variaciones de valor para determinar si hubo cambios repentinos asociados a los cierres previos a la Ley de Garantías.
