¿Qué se presentó y por qué importa?
La Vicepresidencia de Colombia entregó al Ministerio del Interior un proyecto de decreto que busca reglamentar de forma integral la Ley 70 de 1993, norma que reconoce y garantiza los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre tierra, territorio, recursos naturales, y su desarrollo cultural, social y económico. El texto—de 126 artículos—cierra vacíos históricos al actualizar y unificar la regulación en siete ejes: planificación; agricultura y asociatividad; infraestructura; ambiente y minería; identidad étnica y cultural; salud, vivienda, agua y saneamiento; y fortalecimiento organizativo.
El impulso se apoya en el artículo 351 del Plan Nacional de Desarrollo, y en mandatos previos que asignaron a la Vicepresidencia la coordinación interinstitucional para cerrar brechas de acceso a derechos. En este camino ya se expidieron decretos que abordan justicia ambiental con enfoque racial, la formalización de la minería étnico-territorial diferenciada de la ilegal y medidas de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra cuando existe ocupación ancestral.
Claves para San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Para el departamento, donde el pueblo raizal es protagonista, la propuesta significa pasar “de un marco fragmentado a una arquitectura integral” que reconoce gobiernos propios, autonomía y participación en la gestión del territorio. Esto se traduce en herramientas para planear con enfoque étnico, definir usos del suelo y actividades productivas compatibles con la Reserva de Biosfera Seaflower, fortalecer la visibilidad estadística y mejorar la coordinación en políticas de educación, salud, agua y saneamiento con pertinencia cultural.
El énfasis en justicia ambiental y seguridad de la tenencia es especialmente relevante en islas vulnerables al cambio climático, donde la gestión del litoral, la pesca artesanal, la vivienda digna y la protección del patrimonio cultural inmaterial requieren reglas claras y participación efectiva de las autoridades tradicionales.
Lo que viene: consulta previa y ejecución
El proyecto deberá surtir consulta previa con los pueblos afrodescendientes antes de su firma presidencial. Ese proceso será clave para aterrizar prioridades del Archipiélago—desde infraestructura comunitaria y servicios públicos con enfoque diferencial, hasta cadenas productivas locales y modelos de gobernanza intercultural que armonicen desarrollo y conservación marina. La hoja de ruta plantea, en suma, capacidad de decisión para las comunidades y un marco operativo para que las instituciones locales implementen políticas con pertinencia raizal y resultados medibles en bienestar.
En el contexto insular, avanzar en esta reglamentación no es solo un acto jurídico: es una oportunidad concreta para blindar derechos colectivos, robustecer la planificación territorial y asegurar que la prosperidad llegue con identidad, participación y respeto por la naturaleza.
