Estados no pueden seguir evadiendo sus obligaciones
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, emitió una opinión consultiva histórica que declara que los países tienen obligación legal de actuar frente al cambio climático. Si no lo hacen, su omisión podría constituir un acto internacional ilícito, lo que abriría paso a reparaciones y responsabilidades legales internacionales.
En otras palabras, no basta con hablar bonito: limitar emisiones, cooperar internacionalmente, y respetar el Acuerdo de París y convenios ambientales es mandatorio, no opcional. La CIJ subrayó que un medio ambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano fundamental.
¿Por qué esto tiene peso para San Andrés?
Esto no es cuento ni tatuaje de influencer: es ley global. En el Caribe colombiano, donde el Archipiélago vive del mar y del turismo, este tipo de decisiones establece que los gobiernos deben proteger el ecosistema con rigor. Como dicen por aquí, “sin acción no hay coral”. Las naciones, especialmente las emisoras históricas, pueden ser llamadas a cuentas ante comunidades isleñas vulnerables.
Además, el fallo reconoce que la cooperación internacional es obligatorio y que los países ricos deben apoyar a los más vulnerables con recursos, tecnología y financiamiento. Esto puede ser clave para proyectos de conservación en el Archipiélago.
Lo que sigue: más derecho que discurso
Aunque la opinión consultiva no es vinculante, sí tiene un poder enorme como referente legal y moral, y ya está estimulando juicios nacionales e internacionales. Desde ya, sirve para exigir cumplimiento real, no solo discursos bonitos.
Palabras clave: obligación legal, derecho humano ambiental, cooperación internacional, responsabilidad estatal, reparaciones climáticas.
La lección para todos: no se trata ya de creer, sino de cumplir. En un archipiélago como el nuestro, donde la vida depende del mar y la naturaleza, la CIJ recordó: el que no actúa, queda en falta. Y esa falta, ya no se borra con brisa de mar.
