Un proceso judicial bajo sospecha
El reciente fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha reavivado un profundo debate en Colombia: ¿fue realmente un juicio justo o un proceso cargado de motivaciones políticas? Desde el inicio del caso por presunto soborno a testigos y fraude procesal, numerosos sectores han advertido sobre la falta de imparcialidad por parte del aparato judicial.
La jueza Sandra Liliana Heredia, quien emitió la condena en primera instancia, insistió en que su decisión se basó exclusivamente en pruebas. Sin embargo, la defensa ha señalado que muchas de esas pruebas fueron tergiversadas, manipuladas o sacadas de contexto. El proceso, aseguran, estuvo lleno de irregularidades y presiones mediáticas que afectaron la serenidad del juicio.
Un fallo con eco político
Para muchos analistas, este no fue simplemente un proceso penal, sino un juicio político disfrazado. Mientras que algunos celebran la sentencia como un hito de la independencia judicial, otros la ven como una revancha de sectores afines al actual gobierno, interesados en debilitar al uribismo como fuerza política.
En las calles y en redes sociales, miles de ciudadanos expresan que la “justicia” actuó con doble rasero: implacable contra Uribe, pero ciega ante delitos similares de actores de izquierda. Esta percepción debilita la confianza en el sistema judicial, al proyectar la idea de que no todos los colombianos son juzgados con el mismo rasero.
La historia aún no está escrita
El expresidente aún puede apelar, y una absolución en instancias superiores no está descartada. Lo cierto es que el juicio no solo dividió a la opinión pública, sino que dejó un mensaje peligroso: en Colombia, la justicia puede ser selectiva.
Hoy, más que un veredicto, lo que muchos vieron fue una sentencia escrita desde la política, no desde la verdad. Y cuando eso ocurre, ya no es justicia: es poder disfrazado de toga.
