La tensión institucional en Colombia sigue en aumento en medio de la insistencia del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral. Diversas entidades, entre ellas la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Defensoría del Pueblo, han salido en defensa del sistema electoral, asegurando que no existen evidencias de irregularidades en los procesos.
En este escenario, el procurador general, Gregorio Eljach, emitió un pronunciamiento en el que no solo rechazó las acusaciones del mandatario, sino que además lanzó cuestionamientos sobre su estado mental, elevando el tono del enfrentamiento.
Inicialmente, Eljach señaló en tono mesurado que no había “evidencia” que permitiera “concluir que exista alguna irregularidad”. Sin embargo, horas después endureció su postura, luego de que el jefe de Estado le respondiera públicamente y le preguntara si le habían entregado el código fuente del software de la firma Thomas Greg & Sons para realizar una auditoría técnica.
Ante ese señalamiento, Eljach quien fue ternado por el propio mandatario ante el Senado se desmarcó del presidente, expresó su molestia y lanzó una declaración que encendió la polémica: “Nadie debe atribuirse la posibilidad de jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”.
El procurador también anunció que sostendrá un encuentro con el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos para revisar la situación electoral y presentar conclusiones al país. No obstante, reiteró que hasta ahora no existen hallazgos o indicios que respalden la tesis de irregularidades.
“Con la honra de nosotros no va a jugar nadie por más presidente que sea. Fue él quien me postuló para la terna, pero aquí tienen que respetarnos y respetar la competencia del Ministerio Público”, agregó.
Petro responde y habla de la “honra de Colombia
El presidente respondió que lo que está en juego es “la honra de Colombia” y sostuvo que desde 2018 la Procuraduría viene desacatando órdenes del Consejo de Estado, profundizando así el pulso institucional entre el Ejecutivo y los organismos de control.
La salud del presidente vuelve al debate público
No es la primera vez que la salud del jefe de Estado entra en la discusión política. En abril de 2025, tras la controversia generada por una carta del excanciller Álvaro Leyva en la que aseguró que el presidente tendría un “problema de drogadicción”, sectores de la oposición impulsaron iniciativas en el Congreso.
La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, radicó una proposición para exhortar al mandatario a someterse a exámenes toxicológicos y a una evaluación psiquiátrica integral con el fin de determinar su capacidad para ejercer el cargo. Según Cabal, la solicitud se enmarca en el control político del Congreso y responde a hechos públicos que, en su criterio, comprometen la moralidad pública y la seguridad nacional.
Meses atrás, a finales de agosto, el propio presidente generó preocupación al protagonizar un episodio de tos intensa durante una alocución, en la que incluso mencionó que los médicos le habían recomendado tomar descanso.
“Disculpen ustedes la tos, pero… ya son los gajes del oficio. No he pedido vacaciones en todo lo que llevo. Ya los médicos me dicen que toca, pero ya habrá tiempo de unas vacaciones demasiado largas, pienso yo, que vienen después”, afirmó en ese momento.
Con estos antecedentes, el enfrentamiento entre el presidente y el procurador no solo se mantiene en el terreno electoral, sino que ahora incorpora señalamientos personales que profundizan la crisis política y elevan la tensión entre el Gobierno y los órganos de control.
