El Inspector Jefe de la República reveló hallazgos fiscales por un monto de 4.642 millones de dólares tras la auditoría realizada a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), que corresponde al periodo 2023-2024.
El ente de control encontró irregularidades en el contrato interadministrativo firmado para la evaluación de la pérdida de tejido de coral pétreo y el desarrollo de actividades de recuperación de arrecifes en el archipiélago.
Según el informe, uno de los principales hallazgos corresponde al monto de $3.000 millones, que se relaciona con deficiencias en la planificación de contratos, incluyendo fallas en estudios previos, falta de especificaciones técnicas en materiales y equipos, así como inconsistencias en la ejecución y pagos.
La Contraloría señaló que no se definieron aspectos claves como el número de naves necesarias para las actividades logísticas, ni detalles sobre los insumos necesarios, como medicamentos y materiales especializados. Estas fallas afectaron la trazabilidad y justificación de los fondos invertidos.
Asimismo, se descubrieron pagos por $1.949 millones en servicios con inconsistencias, con pagos por actividades no realizadas o no respaldadas adecuadamente. Entre ellos está la contratación de biólogos que, si bien tuvieron que ser contratados por un contratista, fueron asumidos por la corporación y aun así se realizaron los pagos.
Otro punto crítico señalado es la inclusión de costos como vuelos y alojamiento internacional que no fueron considerados en estudios de contrato anteriores.
En total, la Fiscalía determinó 20 conclusiones administrativas, de las cuales 8 tienen efecto fiscal por el monto total declarado, 15 podrían tener efecto disciplinario y 2 podrían tener efecto penal. Además, se identificaron beneficios de auditoría de más de $107 millones.
El organismo de control concluyó que las irregularidades mencionadas reflejan deficiencias en la planificación, supervisión y ejecución de los contratos, lo que pone en riesgo el adecuado manejo de los recursos públicos y genera afectaciones al patrimonio estatal.
Finalmente, la Contraloría reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos, especialmente en proyectos de alto impacto ambiental como la recuperación de arrecifes coralinos en el archipiélago.
