La comunidad isleña denuncia un atentado institucional contra su voluntad popular
Una ola de indignación recorre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras el reciente fallo de la rama judicial colombiana que ha puesto en entredicho la permanencia del Gobernador Nicolás Gallardo. Para los habitantes del territorio, esta medida representa una amenaza directa contra la democracia local y los derechos ancestrales del pueblo raizal.
El ambiente en la isla recuerda la zozobra vivida tras el huracán Julia en 2022. Sin embargo, esta vez no es la naturaleza quien desestabiliza al territorio, sino un sistema judicial que, según la población, ha pasado por alto garantías constitucionales en su actuar. El pasado 4 de abril, Gallardo fue recibido como héroe en el aeropuerto local, en medio de aplausos y pancartas que exigían respeto por el voto popular.
¿Qué intereses externos se mueven en la disputa por el archipiélago?
La atención que ha suscitado este conflicto no se limita al ámbito nacional. Desde Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha interpretado la crisis como una oportunidad geopolítica para reforzar su presencia en el Caribe. El conflicto abierto con Colombia por la soberanía marítima se entrelaza ahora con una situación interna que podría facilitar los planes expansionistas de Managua.
La inestabilidad política en San Andrés se convierte en terreno fértil para que Nicaragua intente ampliar su control sobre rutas estratégicas y acceder a recursos marinos en disputa, particularmente en un momento donde el vacío institucional parece ampliarse.
El Partido Liberal levanta la voz en defensa del Gobernador Nicolás Gallardo
En el plano nacional, el Partido Liberal Colombiano ha tomado una postura firme frente al fallo judicial. No solo ha expresado su inconformidad con el proceso, sino que ha reiterado su respaldo al liderazgo del Gobernador Gallardo, elegido con amplia mayoría en las pasadas elecciones regionales.
El expresidente César Gaviria, figura clave del liberalismo, también manifestó su molestia por lo que considera una persecución política contra los Jóvenes Liberales, quienes han venido ganando terreno en diversos escenarios territoriales. Para Gaviria, se trata de una crisis que pone en riesgo los pilares democráticos sobre los que debe sustentarse cualquier decisión de Estado.
¿Cumplirá el Ejecutivo el fallo? Un dilema jurídico y político para Gustavo Petro
La pregunta que se extiende en el ambiente político es contundente: ¿Acatará el Gobierno Nacional el fallo judicial en contra del Gobernador? La respuesta no parece sencilla, pues en este caso entran en juego dos principios fundamentales: el de convencionalidad, que protegió al propio Gustavo Petro en su momento, y el de doble conformidad, que según varios expertos no ha sido garantizado en este proceso.
El dilema se agrava al considerar que una eventual aplicación del fallo podría configurar un choque de poderes entre la rama ejecutiva y la judicial, reabriendo el debate sobre los límites del poder institucional y el respeto a los fallos de las Altas Cortes cuando estos contradicen el mandato popular.
Acciones jurídicas en marcha: el Gobernador se aferra al derecho y al respaldo ciudadano
A pesar del fallo adverso, Nicolás Gallardo no ha abandonado su lucha. Su equipo jurídico ha activado recursos legales ante diferentes instancias, denunciando violaciones al debido proceso, arbitrariedades en el procedimiento y contradicciones evidentes con decisiones previas emitidas por el Consejo de Estado en casos similares.
El mandatario, que cuenta con el respaldo de más del 70% del electorado en su Departamento, sostiene que su mandato nace del pueblo y no de acuerdos políticos. Por ello, ha convocado a los sectores sociales, académicos y políticos a cerrar filas en defensa de la institucionalidad isleña.
Beneficios del liderazgo raizal y el modelo de gestión territorial de Gallardo
Más allá de la controversia, la gestión de Nicolás Gallardo ha logrado transformaciones positivas y concretas en el Departamento, especialmente en los siguientes aspectos:
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Protección de la cultura raizal, a través de políticas de educación intercultural y difusión del creole.
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Implementación de programas de soberanía alimentaria que buscan reducir la dependencia externa.
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Inversión en infraestructura resiliente frente al cambio climático y los huracanes.
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Fortalecimiento del turismo responsable, protegiendo los ecosistemas costeros y marinos.
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Articulación con universidades del país para garantizar acceso educativo a jóvenes isleños.
Estas medidas han sido clave para consolidar una gestión territorial con enfoque diferencial, construida desde la identidad y las necesidades propias del pueblo isleño.
