La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público de Perú abrió un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez por presuntos errores en la acusación que hizo contra la líder política Keiko Fujimori, en un proceso penal que deberá ser archivado por orden del Tribunal Constitucional (TC).
La resolución de la ANC indicó que el proceso contra Pérez duraría 60 días hábiles y que el fiscal deberá presentar un informe descargo cinco días después de ser notificado, según informaron medios locales este jueves.
La ANC consideró que Pérez presuntamente se equivocó al acusar a Fujimori y otros miembros del partido Fuerza Popular, lo que pudo haberle provocado que incumpliera “su deber funcional de perseguir razonablemente el crimen”.
“No sólo perjudicaron el desarrollo del proceso, sino que revelaron una grave violación de los deberes oficiales y una conducción negligente de las actuaciones procesales, lo que pone en peligro la integridad de todo el proceso, pero también desprestigia al Ministerio”, señaló.
Tras conocer la información, el jefe del equipo de la fiscalía que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, cree que este proceso es “probablemente” parte de las “represalias” anunciadas por el fujimorismo tras la resolución del TC.
“El fiscal José Domingo Pérez, como en mi caso, ya fue suspendido por la ANC en otras ocasiones y pudimos regresar a partir de pedidos, incluso constitucionales. Y aquí, obviamente, aparte de quizás ser una coincidencia, se trata de informar a la población sobre cómo no se respeta la autonomía de los fiscales”, dijo a la emisora RPP.
“El fiscal José Domingo Pérez, como en mi caso, ya fue suspendido por la ANC en otras ocasiones y pudimos regresar a partir de pedidos, incluso constitucionales. Y aquí, obviamente, aparte de quizás ser una coincidencia, se trata de informar a la población sobre cómo no se respeta la autonomía de los fiscales”, dijo a la emisora RPP.
Vela dijo que el equipo que lidera está “sufriendo una campaña de derribo, descrédito, mentira y calumnia” por investigar a “personas que tienen mucho poder”, y lamentó que el actual fiscal general interino, Tomás Gálvez, no haya manifestado su apoyo tras el fallo constitucional.
“Desde esa perspectiva, siempre pedimos a la institución que declare nuestro apoyo, pero lejos de eso, hemos tomado conocimiento del proceso disciplinario de la ANC”, afirmó.
Aunque el fiscal aseguró que los “escenarios de represalias” que enfrenta su equipo están respondiendo “con determinación”, advirtió que cada vez tienen “menos espacio” para actuar contra acciones que afecten a su trabajo.
Decisión del Tribunal Constitucional
La defensa de Keiko Fujimori solicitó el martes pasado al Ministerio de Justicia de Perú el “expediente definitivo” del proceso por el presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales en 2011 y 2016, luego de que el TC emitiera una resolución al respecto.
La Corte Constitucional ordenó dejar “sin efecto” la acusación fiscal contra Fujimori y su partido Fuerza Popular, tras considerar que el proceso que se sigue “carece de sustento jurídico”.
En este sentido, ordenó al Décimo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria resolver “a la mayor brevedad posible y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta sentencia, la situación jurídica” de Fujimori.
“No declaramos la inocencia ni la culpabilidad del usuario, pero confirmamos la imposibilidad de proceder con la acusación sin fundamento jurídico y claramente contrario a lo establecido en la Constitución”, afirmó.
Tras conocer la medida, Fujimori celebró el fallo y esperaba anunciar pronto si se presentará a las elecciones presidenciales del próximo año, mientras Vela dijo que el fallo sienta un “precedente desastroso” y “un golpe al sistema de justicia” en su país.
