La Casa de la Cultura de North End fue escenario de un encuentro entre la Procuraduría General de la Nación y habitantes del Archipiélago, centrado en temas sensibles como acceso a la tierra, actualización catastral, sobrepoblación y crisis ambiental. La ciudadanía insistió en que estas discusiones pasen del diagnóstico a soluciones concretas.
Aunque se abordaron asuntos de extinción de dominio, la ausencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) dejó vacíos frente a procesos que inquietan al pueblo raizal. Los asistentes pidieron respuestas formales y una interlocución efectiva con el nivel central, señalando una excesiva centralización que dilata trámites y decisiones en las islas.
Varias intervenciones alertaron sobre el deterioro de manglares y acuíferos por contaminación, y propusieron que cargos directivos de entidades con poder decisorio en el territorio sean asumidos por personal local, con dominio del idioma y comprensión de la cultura. También se reclamó mayor celeridad y efectividad en la política de reubicación voluntaria para aliviar la presión demográfica.
El activista raizal Endis Livingston pidió trazar una hoja de ruta para la pervivencia de la Reserva de Biósfera Seaflower y crear una mesa de diálogo con el Gobierno nacional para enfrentar la crisis ambiental. La representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang destacó la importancia del espacio y la agenda tratada: tierra, seguridad y el cumplimiento de la sentencia T-333 sobre el huracán Iota.
Según los convocantes, este ejercicio de control social y participación ciudadana se replicará en Providencia y Santa Catalina.
