Con esta decisión del Senado, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley aprobada por el legislativo
La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles 15 de octubre la ley sobre muerte digna y quedó El tercer país de América del Sur en legalizar la eutanasia. y Primero hazlo legislativamente.
Luego de más de 10 horas de discusión, todos los representantes del oficialista Frente Amplio se pronunciaron a favor de esta iniciativa, así como Algunos opositores del Partido Colorado y del Partido Nacional hicieron lo mismo.
El proyecto actualmente aprobado busca garantizar el derecho a “atravesar el proceso de morir con dignidad”, mediante la despenalización de la eutanasia en adultos mentalmente capaces que atraviesan la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que sufren a consecuencia de ello un sufrimiento insoportable.
El primer país por la vía legislativa
Uruguay se convirtió el primer país de américa latina en la legalización de la eutanasia a través de legislación aprobada por el legislativo, tras la ratificación del proyecto Muerte con Dignidad en el Senado. Antes ya había progresado en la Cámara de Representantes, donde recibió una sanción parcial con 64 votos a favor y 29 en contra.
Sin embargo, Uruguay No es el primer país latinoamericano donde se reconoce legal o judicialmente la eutanasia o muerte asistida. EN ColombiaEl Tribunal Constitucional despenalizó la eutanasia en 1997, y en 2022 amplió algunas condiciones para su aplicación. Por su parte, en EcuadorEn 2024, la Corte Constitucional decidió despenalizar la eutanasia para pacientes con sufrimiento extremo causado por enfermedades irreversibles o condiciones incurables, ordenando al Congreso regular su aplicación.
Sin embargo, estos reconocimientos judiciales no siempre se traducen en leyes detalladas que regulen el proceso, controles médicos, consentimientos y restricciones. Uruguay ahora abre un camino diferente: legalizar la eutanasia a través de una legislación, que le permitiría establecer criterios claros, comisiones médicas, protección legal y barreras para prevenir abusos. En este sentido, Uruguay redefiniría el panorama latinoamericano del derecho a morir dignamente.
