El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha creado un nuevo grupo operativo “contra el terrorismo doméstico” y “violencia organizada”, con el objetivo de perseguir lo que describió como un grupo criminal “radical izquierda”.
Trump ha firmado un memorándum presidencial en una oficina ovalada que permite la creación de un grupo de trabajo que integra varias agencias federales para tratar estos grupos, incluido un Antifa, que declaró un grupo terrorista doméstico esta semana, aunque no fue una organización formal y estructurada, afirman los expertos.
El grupo de Trump continuará con los grupos de “izquierda radical”
El texto firmado asegura que la “violencia política actualmente no consista en una serie de incidentes aislados u ocurre espontáneamente. En cambio, el resultado es campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, cuyo objetivo es silenciar las voces del disidente, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas e interferir con el funcionamiento de una sociedad democrática”.

Durante la compañía, los republicanos apoyaron al abogado jefe, Pam Bondi, quien elogió al presidente por la “eliminación de las mujeres” del poder de la orden y agregó que el objetivo era perseguir a “cualquier grupo organizado” sin estar claramente definido.
Investigación para abrir una sociedad
El presidente firmó un memorándum poco después de que el New York Times informara que el Ministerio de Justicia había ordenado a varios fiscales de los Estados Unidos que abrieran una fundación de clase abierta, una red de subsidios progresivos fundados por el megadonante democrático George Soros.


Trump ha atribuido una ola de violencia política para sacudir el país e involucra el asesinato de un activista ultra conservador Charlie Kirk o un reciente tiroteo contra la instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la “Radical Left”.
El memorándum se refiere a los grupos terroristas conjuntos (JTTF) y a la agencia federal, como el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Finanzas para desmantelar la financiación de redes que apoyan a estos grupos.



