Autor: Jorge Castro Arroyave
El abogado Mateo Maya Arango, un veterano de la lengua materna colombiana, presentó el derecho de una petición dirigida al Presidente de la República, el Congreso de la República, el Consejo Superior del Judicial, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Igualdad y la Justicia, que buscan ser desarrollados y desarrollados en lenguas éticas.
La aplicación no se limita al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino que cubre todos los juicios implementados en el territorio nacional y que tienen o pueden tener un impacto en una población que tiene idiomas específicos y oficialmente reconocidos.
Existe una solicitud sobre el caso de la nulidad electoral contra el gobernador San Andrés, donde el abogado afirma que las acciones judiciales también avanzan en el lenguaje cril, el lenguaje común del archipiélago.
“El lenguaje es mucho más que una forma de comunicación; es un archivo vivo de nuestra memoria, ley fundamental y dedicación a aquellos que nos precedieron”, dijo Maya Arango.
“Cuando la gente no puede entender o participar en un juicio que decide su destino, la democracia es rechazada. Y cuando ese juicio se emite en un idioma extranjero, su dignidad es rechazada”, dijo.
Como medida concreta, el abogado propone que el Consejo Superior del Judicial adopte un protocolo lingüístico obligatorio para la traducción y el desarrollo en su idioma, todos los procesos judiciales con frecuencia colectiva en territorio o comunidades de protección cultural especial.
“Cada palabra alada fue plantada por aquellos que resistieron la esclavitud, defendieron al país y mantuvieron viva su cultura. La protección del lenguaje es preservar la identidad y garantizar la participación de los ciudadanos. No es lujo: es asegurar que la ley llegue a un corazón, no solo en el oído”, dijo.
Fundación Constitucional e Internacional
El abogado recordó ese artículo 70.
En el ámbito internacional, declaró que las fuerzas de la Convención de la OIT para garantizar el uso o traducción de sus propios idiomas en procesos judiciales que incluyen pueblos indígenas o tribales; Gente de Kichwa de Sarayaku contra Ecuador (IDH Cut, 2012); Tanto los precedentes de Canadá como España, que defienden el pluralismo legal y el derecho a la defensa en un idioma común.
Las claves de la solicitud
En su derecho a solicitar, Maya Arango pregunta a las autoridades más altas si las leyes se han publicado en todos los idiomas oficiales del país.
También se cuestiona qué medidas y plazos se implementarán para garantizar este derecho; Cuánto y qué idiomas oficiales existen en Colombia, con medios normativos de vida; Y si hay una política pública para difundir la ley en todos los idiomas oficiales.
La rama del Tribunal requiere información sobre qué protocolos existen para garantizar el uso de su idioma nativo en procesos que afectan a las comunidades étnicas.
El documento solicitó igualmente cifras en los últimos cinco años sobre procesos judiciales con traducción o interpretación en sus lenguas maternas, así como medidas de capacitación adoptadas para jueces y funcionarios.
