Buenos Aires, 15 de julio (Efes) .- El tribunal de Argentina ordenó a la ex Cristina Fernández (2007-2015) y a otras ocho personas condenadas por los llamados 685,000 pesos ($ 537 millones) para que coincidan con la ejecución de escrituras irregulares.
Tribunal Oral Federal No. 2 Argentina (TOF 2) ordenó a Fernández que se enfrentara a ex funcionarios y empresarios del gobierno, tomando esta cantidad por “daño producido en un tesoro público”.
En los próximos diez días hábiles, el ex presidente debe depositar su parte del monto total de efectivo en una cuenta creada por la justicia en el Banco de la Nación Argentina, un período que, si no se cumple, activará el procedimiento de subasta pero incautará bienes raíces que pertenece.
Además de Cristine Fernández, un empresario Lázaro Báez y los ex funcionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Colred, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos, todos en la prisión.
En su resolución, TOF 2 estableció una cantidad a través de expertos en contabilidad oficiales y definió una maniobra desarrollada durante el gobierno de Nestor Kirchner (2003-2007) y Cristine Fernández como “daños fabricados en el Tesoro Público” y “un acto muy serio de corrupción”.
Los jueces también rechazaron la experiencia contable presentada por la defensa, que afirmó devolver una cantidad mucho menor (42,000 millones de pesos, poco más de $ 33 millones).
Fernández y el resto de la apelación condenada contra la resolución TOF 2.
Fernández permanece en una prisión local desde el mes pasado, después de la confirmación de la Corte Suprema de Justicia por hasta seis años y descalificaciones constantes para los deberes públicos.
La justicia argentina dictaminó la semana pasada que el ex presidente permaneció en su lugar actual en la casa en prisión para continuar usando un tobillo electrónico y que debe solicitar una aprobación especial para recibir visitas fuera del censo de familiares y personas esenciales presentadas al comienzo de su condena el mes pasado.
En su resolución, los tribunales argentinos dictaminaron que la condena de Fernández no debe cambiarse, a pesar de las manifestaciones habituales de militantes peronistas que han ocupado las calles circundantes desde el comienzo de la prisión para mostrar su apoyo, que podría considerarse un daño al vecindario y los vecinos. Efusión
