Tribunal dicta medida de aseguramiento a Carlos Ramón González, fundador del Partido Verde
El juez y los cargos en su contra
El Tribunal Superior de Bogotá, a través del magistrado Leonel Rogeles Moreno, ordenó este 3 de julio de 2025 prisión preventiva contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD. La decisión se fundamenta en los graves indicios contra González, incluyendo delitos como cohecho, peculado y la posibilidad de lavado de activos, por los cuales podría enfrentar entre 4 y 30 años de cárcel. Las autoridades consideran que este exalto funcionario representa un alto riesgo de fuga, pues se presume que se encuentra fuera del país, posiblemente en Nicaragua .
Mecanismo de sobornos y fondos desviados
Según la Fiscalía, González instruyó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para inflar un contrato de 46.800 millones de pesos para carrotanques destinados a La Guajira. De esos recursos, 4.000 millones fueron desviados para pagar sobornos en efectivo: 3.000 millones al expresidente del Senado Iván Name y 1.000 millones al expresidente de la Cámara Andrés Calle, con el objetivo de asegurar respaldo político para reformas gubernamentales. Estos sobornos quedaron soportados por videos de seguridad, chats y testimonios clave como los de López y Sneyder Pinilla.
Implicación de terceros en el esquema corrupto
El entramado judicial no se limita a González; también incluye a otros altos funcionarios:
•La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, señalada como intermediaria
•Los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, ya detenidos
•Exministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, presuntamente involucrados en direccionar contratos
Contexto político y repercusiones
Este es el primer proceso penal de gran envergadura contra un funcionario de tan alto nivel dentro del gobierno de Gustavo Petro. González fue una figura muy cercana al presidente, miembro del Partido Verde y exdirector del Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia . Su captura y acusación intensifican la crisis política dentro de la administración y deterioran aún más la imagen del Partido Verde.
Con esta medida de aseguramiento, la justicia busca evitar la impunidad en casos de alto impacto político y económico. El proceso judicial apenas comienza, con la apelación anunciada por la defensa del exfuncionario y la posibilidad de nuevas imputaciones.
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