El Supervisor General realizó un estudio sobre una situación fiscal, presupuestaria y de pensiones en las principales universidades públicas del país, encontrando problemas que podrían poner en peligro su sostenibilidad y proporcionar un servicio de educación superior.
El informe revela que Tres universidades tienen obligaciones de pensión de $ 8.3 mil millones, Con la Universidad Nacional de Colombia, acumulando la deuda más grande, estimada en $ 4.5 mil millones.
La entidad advierte que algunas instituciones no están actualizadas por los presupuestos actuariales, lo que podría crear sorpresas en el futuro.
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El supervisor atrajo la atención sobre la necesidad de que el gobierno nacional convirtiera las contribuciones de su nación de manera oportuna para cubrir los pagos de los pensionistas.
El también recomendó Verifique los porcentajes que las universidades tienen que asumir, ya que algunos representan ingresos insuficientes para cumplir con sus obligaciones, Al igual que la Universidad del Valle, que debe contribuir con el 19.9% y para tratar la dificultad.
Otro punto crítico es el impacto del salario y la provisión del maestro, lo que permite la acumulación de puntos de pago para la productividad académica. Esto ha creado un crecimiento acelerado de costos, como en Universidad de Antioquia,, Cuando los costos comenzaron con $ 10,364 millones en 2017 a $ 18,239 millones en 2024, un aumento del 76%.
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El informe también advierte sobre los efectos de los decretos de 391 de 2025, que establece la formalización del trabajo en las universidades públicas y necesitará $ 2.9 mil millones sin una fuente clara de financiamiento.
También enfatiza los problemas derivados de la gratitud en el registro, de Las universidades obtienen solo el 80% de los recursos al comienzo del semestre Y el 20% restante después de la validación administrativa, que afecta su flujo de efectivo.
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Otro problema identificado es el retraso en la inversión en infraestructura, con una deuda histórica En este caso para la Universidad Nacional con proyectos por $ 1.4 mil millones para mejorar su infraestructura física y tecnológica.
El supervisor concluyó que se necesita una reforma en el esquema de financiación pública y que el gobierno transmite recursos de manera oportuna y garantiza una financiación adecuada para que estas instituciones puedan cumplir sus funciones básicas sin poner en peligro su estabilidad.
